Funcionarios de seguridad se reúnen en Tzanembolom mientras desplazados exigen retorno seguro

En la reunión participaron el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Bermúdez, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, de acuerdo con el comunicado oficial. Las autoridades se reunieron con las familias que permanecen en la comunidad para refrendar el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno con el objetivo de construir la paz en el municipio.

El comunicado agradeció al agente municipal por su compromiso con la tranquilidad y sostuvo que las autoridades están presentes para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de Tzanembolom. El fiscal informó que participó desde esa localidad en la Mesa de Paz encabezada de manera virtual por el gobernador Eduardo Ramírez. Junto con el boletín, el gobierno difundió un video en el que un hombre habla en tsotsil y afirma que están tranquilos y que la problemática está en manos de las autoridades.

A unos 43 kilómetros, en el patio de la Casa de la Cultura de la cabecera municipal, las familias desplazadas de Centro Tzanembolom exponían una versión distinta. Vicente Rodríguez, agente rural de esa localidad, leyó un mensaje en el que afirmó que no se desplazaron por voluntad propia, sino obligados a abandonar sus casas para proteger sus vidas, y pidió que sean reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado.

Relató que el 9 de julio de 2024 quedaron encerrados durante diez días en la escuela de la comunidad, sin comida, agua ni servicios básicos, hasta que fueron rescatados por 250 elementos de la Policía Estatal. Aseguró que el apoyo del gobierno estatal fue suspendido el 13 de noviembre de 2024 y que desde entonces continúan sin apoyo gubernamental. Las familias dijeron que quieren volver, pero con tranquilidad y garantías, además de la devolución de sus terrenos y la evaluación de daños a sus viviendas.

Según su testimonio, en su ausencia se han repartido y vendido parcelas de los desplazados, entre ellas un cafetal de hectárea y media vendido en 10 mil pesos, aunque aseguran conservar sus títulos de propiedad. Otro de los desplazados dijo que en la cabecera no tienen alimentos suficientes y solo consiguen trabajo dos o tres días, mientras en la comunidad contaban con leña, maíz, frijol y verduras. Un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que la atención humanitaria no basta y atribuyó el desplazamiento a la presencia de grupos armados, no a un conflicto agrario, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso el 16 de octubre como conflictos agrarios.