Investigadora advierte violencia estructural contra niñas indígenas en Chiapas
La investigadora Sarai Miranda Juárez, de Ecosur, advirtió que las niñas y adolescentes en Chiapas enfrentan violencia estructural, en el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora este 11 de octubre.
De acuerdo con datos citados por la especialista, para 2024 se estimaba que 74.6 por ciento de la población menor de 18 años vivía en algún nivel de pobreza, lo que limita el acceso a la salud, la educación y una vida libre de violencia. Añadió que alrededor de 32 por ciento de niñas y niños de entre tres y 17 años habla alguna lengua indígena y enfrenta desigualdades históricas que aumentan su vulnerabilidad.
La investigadora señaló que las uniones tempranas, los embarazos adolescentes, las desapariciones y las agresiones de género forman parte de la problemática que afecta a este sector. Como referencia, indicó que en 2020 más de 61 mil adolescentes de entre 12 y 14 años se encontraban casadas y más de tres mil vivían en unión de pareja, mientras que en 2022 casi nueve mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres, un promedio aproximado de 24 casos diarios.
En cuanto a desapariciones, expuso que siete de cada 10 personas desaparecidas en el grupo de edad referido eran niñas y adolescentes. En materia de feminicidio, refirió que entre 2015 y 2021 el 23 por ciento del total de estos delitos correspondió a menores de edad, y mencionó tres casos de adolescentes de entre 12 y 16 años asesinadas durante las fiestas patrias de septiembre en Comitán, El Bosque y Tuxtla Gutiérrez.
Para la especialista, estos hechos no pueden analizarse de forma aislada, sino en un contexto de violencia estructural que se presenta tanto en espacios públicos como en los hogares. Advirtió que los riesgos ocurren en traslados a la escuela, en el transporte público o en actividades recreativas, y que una de cada tres adolescentes de entre 15 y 17 años habría declarado haber sufrido violencia sexual, principalmente por parte de familiares.
Sostuvo que los gobiernos de los distintos niveles tienen la obligación de implementar acciones de prevención, garantizar investigaciones con perspectiva de género y de infancia, y facilitar el acceso a la justicia a las familias. También planteó transparentar la información sobre estos delitos y destinar recursos a estrategias de prevención en escuelas, hogares y comunidades, con atención prioritaria a las infancias indígenas.
Con información de medios locales.
