Mujeres piden a diputados no reducir impuestos a las bebidas alcohólicas
Mujeres del sector restaurantero, organizaciones civiles y una mujer en recuperación pidieron este jueves en Ciudad de México al Poder Legislativo mantener una política fiscal firme sobre las bebidas alcohólicas y no reducir sus impuestos.
La propuesta fue presentada el 29 de septiembre por el diputado Francisco Javier Guízar Macías y 42 legisladoras y legisladores. Plantea sustituir las tasas vigentes de 26.5, 30 y 53 por ciento por una cuota de 1.38 pesos por grado de alcohol por litro, equivalente a 138 pesos por litro de alcohol puro.
De acuerdo con el simulador de impuestos al alcohol del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con corte a agosto de 2026, esa cuota reduciría 24.9 por ciento el precio de los destilados y elevaría 36.8 por ciento su consumo, mientras la cerveza bajaría 5.1 por ciento y su consumo crecería 6.2 por ciento. La recaudación caería en más de 26 mil millones de pesos, recursos de los que estados y municipios reciben 20 por ciento por participaciones.
Las organizaciones consideraron correcto el cambio de esquema para cobrar por contenido de alcohol y no por precio, pero advirtieron que la cuota propuesta lo convierte en una rebaja fiscal. Propusieron una cuota de 494.8 pesos por litro de alcohol puro, con la que, según sus cálculos, el consumo disminuiría y se recaudarían 24 mil 208.5 millones de pesos adicionales.
Con esa cuota alternativa, una lata de cerveza pasaría de 19 a 24 pesos y una botella de vino de mesa de 185 a 204 pesos. Señalaron que en México mueren 112 personas cada 24 horas por causas asociadas al consumo de alcohol, con costos directos e indirectos estimados en 552 mil millones de pesos al año, mientras los impuestos que paga la industria representan menos de 10 por ciento de esa cifra.
Yahaira Ochoa, integrante de la Red de Mujeres por la Salud, afirmó que los impuestos al alcohol son la medida más costo-efectiva para disminuir su consumo y prevenir la violencia contra las mujeres. Fernanda Lezama, del sector restaurantero, pidió espacios laborales y de consumo seguros y libres de violencia de género. Paola V., trabajadora social en recuperación, sostuvo que aumentar los impuestos no es una sanción sino una política de salud pública para salvar vidas y proteger a las familias.
Con información de medios locales.
