Chiapas aplaza a 2028 la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial

El Decreto 312, publicado el 30 de septiembre en el número 135 del Periódico Oficial del Estado, reformó la Constitución Política del estado en materia judicial y entró en vigor al día siguiente. De acuerdo con la exposición de motivos, la adecuación responde al decreto federal publicado el 2 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, que trasladó a 2028 la elección de cargos judiciales federales y locales.

El artículo segundo transitorio establece que la totalidad de juezas, jueces, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se elegirán en el proceso judicial de 2028. La Constitución local prevé periodos de nueve años para integrantes del Tribunal Superior, con posibilidad de reelección consecutiva, aunque por única ocasión quienes resulten electos en 2028 durarán ocho años, hasta 2036.

Para el Tribunal de Disciplina Judicial, que vigila y sanciona a las personas juzgadoras, el periodo dependerá del lugar obtenido en la votación: seis años para el primer lugar, cinco para el segundo y cuatro para el tercero. Hasta que tomen protesta las personas electas, las vacantes de consejeros de la Judicatura y de magistrados del Tribunal Superior se cubrirán con designaciones temporales que concluirán ese día.

Las candidaturas serán postuladas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con un Comité de Evaluación de tres personas reconocidas en la actividad jurídica. Las tres personas coordinadoras integrarán una Comisión Coordinadora encargada de verificar requisitos, definir criterios y metodologías comunes de evaluación y de exámenes de conocimientos, con cumplimiento de paridad de género.

La jornada se realizará en las mismas sedes que las elecciones ordinarias, con conteo de votos en casilla a cargo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que hará los cómputos y declarará la validez. El texto ordena impedir la intervención de representantes, militantes o simpatizantes de partidos y limita la observación a quienes acredite el IEPC. El Tribunal Electoral del Estado deberá resolver impugnaciones a más tardar en agosto de 2028, sin que después ninguna autoridad pueda modificar resultados.

Las personas electas rendirán protesta ante el Congreso el 1 de septiembre de 2028, fecha en que iniciarán funciones el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial. El Tribunal de Disciplina evaluará el desempeño de las personas juzgadoras electas durante su primer año y aplicará programas permanentes de capacitación, en coordinación con el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial.