Domingo 22 de noviembre de 2026

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La sombra de La Barredora llega al INE: funcionaria de seguridad trabajó con Bermúdez Requena en Tabasco

La actual encargada de la seguridad del INE trabajó en Tabasco bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, hoy preso por sus presuntos nexos con La Barredora, y después quedó a cargo de un contrato de 227 millones de pesos en el instituto, según lo revelado este domingo.

La sombra de La Barredora llega al INE: funcionaria de seguridad trabajó con Bermúdez Requena en Tabasco

Entre junio de 2022 y junio de 2023, Ofelia Sánchez Frías fue directora del Sistema de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco, durante la administración de Carlos Manuel Merino. En ese periodo, la Secretaría de Seguridad estatal la encabezaba Bermúdez Requena.

Desde ese puesto tuvo acceso a datos sensibles: contrataciones, controles de confianza de policías, armamento, vehículos y movimientos de las corporaciones, de acuerdo con la información difundida este domingo. En julio de 2023, poco después de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del organismo electoral, Sánchez Frías se incorporó al INE como coordinadora de Seguridad y Protección Civil.

Su nombre volvió a aparecer en 2025, cuando el instituto adjudicó de forma directa un contrato por 227 millones de pesos a la empresa AMPS para la Integración y Articulación para instalar videovigilancia en la sede central, en la Ciudad de México. Sánchez Frías figura como administradora del contrato, parte del proyecto denominado Centro Estratégico de Seguridad Integral para los inmuebles.

En el documento también aparecen Jesús Octavio García González, entonces encargado de la administración del instituto, y Mario Burciaga, exdirector de Recursos Materiales y Servicios, vinculados previamente con el empresario Alfredo Hernández Casillas. La empresa beneficiada es propiedad de Jorge Enrique Tello Peón, especialista en inteligencia y exdirector del CISEN, entre cuyos socios fundadores estuvo Marco Antonio Novella Juárez, exfuncionario federal durante la gestión de Genaro García Luna.

El sistema, con un costo de 227 millones de pesos, fue desmantelado el pasado 9 de noviembre, tras la renuncia de Taddei, cuando se documentó el retiro de las cámaras de la sede central. Los señalamientos difundidos colocan bajo escrutinio las contrataciones y los perfiles en áreas estratégicas del organismo electoral, aunque por sí mismos no constituyen una resolución sobre posibles responsabilidades administrativas o penales.

Con información de medios locales.