México deja morir a quienes lo defienden: 96% de crímenes contra defensores sigue impune

La denuncia estalló durante la audiencia pública del 179 periodo de sesiones de la Comisión, con autoridades federales mexicanas en la mesa y la relatora especial de la ONU, Andrea Bolaños, como testigo. Ahí, las organizaciones pusieron sobre la mesa el expediente completo: más de un centenar de casos documentados en menos de cinco años.

La cifra es brutal: 103 personas defensoras asesinadas y otras 10 desaparecidas entre enero de 2022 y septiembre de 2026, de acuerdo con el registro presentado. Solo cuatro casos tienen sentencia condenatoria, el resto, el 96.5%, sigue en completa impunidad.

Las organizaciones advirtieron que la falta de castigo no solo deja a las familias rotas, también siembra terror entre quienes siguen defendiendo. El miedo, el desgaste económico y emocional y el desplazamiento forzado están obligando a defensores a callar o abandonar su labor, señalaron.

Por eso exigieron al Estado mexicano reconocer la magnitud del problema y armar una estrategia real de persecución penal que dé con autores materiales e intelectuales. El centro de la exigencia es que la Fiscalía General de la República aplique de una vez el Protocolo Homologado Especializado, con responsables, recursos, plazos, capacitación, registro de denuncias y mesas de seguimiento con la sociedad civil.

"México continúa siendo uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos", soltó en la audiencia la comisionada y relatora para México, Andrea Pochak. El comisionado Edgar Stuardo Ralón remató: "Quien defiende los derechos de los demás, no debería tener que defender su propia vida". Frente al señalamiento, el Estado asumió seis compromisos, entre ellos un plan nacional para aplicar el protocolo, un registro homologado de delitos, una mesa para revisar los 113 casos y valorar la creación de una fiscalía especializada, además de aceptar el acompañamiento técnico de la CIDH y de la ONU.