Se les acabó el negocio: Chiapas encierra hasta 5 años a quienes vendan seguridad sin permiso
Van al bote de 3 a 5 años. El Congreso de Chiapas aprobó este miércoles castigar como delito ofrecer seguridad privada sin autorización vigente.
Se les acabó el negocio redondo. Los diputados aprobaron por unanimidad, con 35 votos a favor, adicionar el artículo 411 Bis al Código Penal para meter a la cárcel a quien preste, oferte o venda seguridad privada sin permiso. La condena es de tres a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos días.
La ley muerde parejo y por partida doble. Alcanza a quien opere por sí o por interpósita persona, en cualquiera de sus modalidades, sin autorización, registro o revalidación vigente, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia. Hasta ahora esa trampa solo se pagaba con multa o suspensión bajo la Ley de Seguridad Privada.
Los jefes tampoco se salvan. La misma pena cae sobre administradores, directores o representantes que contraten personal a sabiendas de que no tienen permisos. Y si el infractor es una empresa, el Ministerio Público deberá pedir al juez la clausura definitiva de sus locales.
Si se visten de polis, les va peor. La prisión sube hasta en una mitad, es decir hasta siete años y medio, cuando usen vehículos, balizamientos, uniformes, insignias o equipo táctico que confunda con los de policías o militares. El nuevo artículo quedó en el capítulo de Usurpación de Funciones.
El agravante tiene cola en Chiapas. En febrero, en Calzada Larga, Villaflores, fuerzas federales aseguraron un campamento con ocho uniformes apócrifos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, armas y placas. En agosto, en Suchiapa, detuvieron a un hombre con prendas e insignias falsas de la misma corporación.
El fondo es un gremio desbordado. La Secretaría de Seguridad del Pueblo tiene unas 120 empresas operando en el estado, casi la mitad locales, y admite que una parte trabaja sin papeles. A nivel nacional se calculan más de cinco mil registradas y más de diez mil en la irregularidad.
El permiso se tramita ante la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se revalida cada año e incluye registro del personal y revisión de antecedentes. El decreto pasa ahora al Ejecutivo y entra en vigor al publicarse en el Periódico Oficial.
Con información de medios locales.
