Trabajadoras del hogar siguen en informalidad en México a siete años de reforma
La red Unidas presentó el informe Sosteniendo el cambio, que advierte que a siete años de la reforma laboral 96.6 por ciento de las trabajadoras del hogar en México continúa en la informalidad.
En México, alrededor de 2.1 millones de mujeres realizan trabajo del hogar remunerado, lo que representa nueve de cada diez personas ocupadas en el sector y aproximadamente una de cada diez mujeres ocupadas en el país, de acuerdo con el documento. El análisis se basa en datos del primer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y plantea que persiste una brecha entre los derechos reconocidos en la ley y las condiciones para ejercerlos.
El informe describe una “paradoja patronal”, en la que personas con empleo formal reproducen la precarización al contratar trabajo del hogar, con una diferencia relevante de ingresos: la población empleadora percibe un ingreso mediano cuatro veces mayor al de las trabajadoras que contrata. En promedio, ellas obtienen 5 mil 770 pesos mensuales frente a 8 mil 855 pesos que perciben los hombres del sector, una brecha salarial de 34.8 por ciento atribuida a la segregación ocupacional y a la carga de cuidados no remunerados.
Según el diagnóstico, solo 1 por ciento de las trabajadoras cuenta con contrato escrito, frente a 9 por ciento de los hombres, y seis de cada diez no reciben ninguna prestación de ley. El 97.4 por ciento labora en la modalidad de entrada por salida, con jornadas parciales y discontinuas, mientras el acceso a la seguridad social permanece limitado: apenas 1.7 por ciento tiene acceso efectivo y la afiliación lleva tres años estancada por debajo de 3 por ciento.
En materia de retiro, solo 0.73 por ciento de las trabajadoras cuenta con fondo para ello, frente a 9 por ciento de los hombres, en un sector donde 54.3 por ciento de las mujeres supera los 45 años. El documento también señala fallas en el esquema de cotización por día del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un sobrecosto de 27.7 por ciento que no se traduce en más días de atención médica, y estima en 56 mil millones de pesos anuales la fuga por cuotas no ingresadas al IMSS y al Infonavit.
Además, advierte que los domicilios particulares donde se realiza esta labor siguen siendo el único centro de trabajo exento de inspección laboral en el país, lo que facilita la discriminación y la exposición a riesgos sin regulación vinculante. Ante ello, emite recomendaciones de política pública dirigidas al IMSS, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a los poderes judiciales, a los centros de conciliación y al Sistema Nacional de Cuidados.
Con información de medios locales.
