Caen dos funcionarios y renuncia una tercera: Chiapas pierde tres cargos en seis días
En solo seis días, Chiapas se quedó sin tres cargos públicos: dos funcionarios detenidos por fraude y violencia familiar, y una titular que renunció tras ser vinculada con una empresa sancionada por Estados Unidos.
La racha estalló el jueves 22 de octubre en San Cristóbal de Las Casas. Agentes de la Fiscalía de Justicia Indígena y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo detuvieron a Rosa P., visitadora general especializada en asuntos indígenas de la CEDH, cuando salía de sus oficinas en el centro. La acusan de fraude por la simulación de la venta de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos en perjuicio de Moisés N., de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
La detenida no es una funcionaria cualquiera. Fue la primera mujer indígena en gobernar Chenalhó, de 2015 a 2018, obligada a renunciar en 2016 por presiones políticas y restituida por orden del Tribunal Electoral federal. Llegó a la visitaduría en enero de 2025, nombrada por el presidente del organismo, Horacio Culebro Borrayas, y ahora acumula otras denuncias por el mismo delito, según la carpeta.
Ese mismo jueves cayó la segunda silla. Lysette Raquel Lameiro Camacho presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Instituto de Administración Pública, que capacita a los servidores del estado. La salida llegó un día después de que un reportaje la ubicara como socia fundadora de The Woods Bar desde 2020, empresa incluida el 29 de septiembre en la lista de sanciones de Estados Unidos por presuntas redes de apoyo al Cártel de Sinaloa.
Lameiro rechazó los señalamientos antes de irse. Dijo que no tiene participación en actividades delictivas ni es socia de esas empresas, calificó las publicaciones de calumnias y admitió que le pidieron separarse del cargo. En México no existe acusación penal en su contra.
El tercer golpe llegó este lunes 27 de octubre en Villaflores. La Fiscalía detuvo a Ulises G., exdirector de Vinculación del Cobach, como presunto responsable de violencia familiar equiparada contra una mujer de identidad protegida. Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez y el detenido quedó a disposición de un juez de control.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar había ordenado separarlo del cargo desde el 27 de septiembre, la Fiscalía abrió la carpeta dos días después y pasó un mes hasta su captura. Los tres casos siguen abiertos, los detenidos conservan la presunción de inocencia y el IAP continúa sin titular, mientras la CEDH no ha informado si separará a su visitadora.
Con información de medios locales.
