De 1990 a 2024: libro de la UNAM reconstruye la batalla de 34 años por el aborto en Chiapas

Chiapas ya lo había permitido y lo frenó en seco. En octubre de 1990, bajo el gobierno de Patrocinio González Garrido, se reformaron los artículos 134 a 137 del Código Penal. El artículo 136 dejaba sin sanción el aborto en los primeros 90 días si lo pedía la pareja por planificación familiar o si se trataba de una madre soltera, con dictamen médico previo. Desde 1938 el código ya lo permitía por violación o riesgo de muerte.

La respuesta fue brutal. La oposición la encabezaron los tres obispos del estado: Felipe Aguirre Franco, de Tuxtla; Felipe Arizmendi Esquivel, de Tapachula, y Samuel Ruiz García, de San Cristóbal. Según la investigación, se enviaron 200 mil firmas a la Presidencia y el 28 de diciembre de 1990 hubo una marcha silenciosa en Tuxtla. Ruiz calificó la reforma de asesinato y sospechaba un control de natalidad en zonas indígenas, mientras el Congreso respondió que el texto no mencionaba a indígenas ni a pobres. El gobierno suspendió el decreto y lo turnó a la recién creada Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El giro definitivo llegó por la vía judicial. A partir de una acción de inconstitucionalidad de la CNDH, la Suprema Corte invalidó el 7 de noviembre de 2024 el artículo 181 del Código Penal de Chiapas, que castigaba el aborto, y dio seis meses al Congreso para legislar. El Congreso aprobó por mayoría la reforma que fijó el límite de 12 semanas. De acuerdo con la autora, ese plazo se estableció por la presión del Consejo Interreligioso del estado.

Todo queda documentado en Luchas contemporáneas por la despenalización del aborto en Chiapas (1990-2024), de la investigadora Irazú Gómez García, publicado en acceso abierto en 2026 por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, en San Cristóbal de Las Casas. Es resultado de un proyecto UNAM-PAPIIT, dictaminado por pares. La autora revisó archivos del Congreso del Estado, de la Diócesis de San Cristóbal y del Archivo General de la Nación, consultó ocho periódicos de la época y entrevistó entre 2016 y 2024 a 16 personas, entre feministas, una religiosa, un pastor evangélico y una activista provida.

El libro también recoge la voz contraria, que sigue viva. El pastor Esdras Alonso sostiene que el embarazo adolescente o el derecho a decidir no son argumentos sólidos, aunque acepta las causales legales avaladas por médicos. La abogada provida Andrea Hernández afirma que el artículo 181 no criminalizaba a las mujeres y pide apoyo a las embarazadas. En 2024, el Frente Nacional por la Familia entregó 20 mil firmas contra la reforma.

La conclusión es incómoda: la despenalización ya es un hecho, pero el acceso es desigual. Quienes logran interrumpir un embarazo de forma legal son sobre todo mujeres urbanas con celular e internet; quedan fuera las de comunidades que no hablan español. El texto cita que 66.1 % de la población de Chiapas carecía de acceso a servicios de salud en 2024 y que en municipios con más de 70 % de población indígena hay un médico por cada 25 mil habitantes. Con esa infraestructura, advierte, el límite de 12 semanas se vuelve una barrera.