Viven de pipas y sin horario: tres colonias de Tuxtla siguen sin red de agua, revela UNACH

La más golpeada es Yuquis, con 547 personas en 154 viviendas sin agua entubada ni drenaje. Le sigue La Condesa, con 126 habitantes en 70 casas que sí tienen drenaje pero no red de agua. Nueva Jerusalén, con 108 vecinos en 35 viviendas, levantó su propia red con dinero de su bolsa, pero sigue desconectada del sistema municipal.

Las personas entrevistadas contaron que pagan más que las colonias conectadas y que nunca saben a qué hora llegará la pipa. Denunciaron que las empresas dan prioridad a zonas de mayor nivel económico y que desconocen la calidad del agua que compran, a la que atribuyen daños a su salud. De acuerdo con el estudio, esa agua sale de pozos y algunos proveedores operan sin regulación sanitaria, con precios que suben en temporada de escasez a criterio de los dueños.

El trabajo, firmado por Mayra Isuí Cruz Escobar y Elisa Cruz Rueda y publicado en la revista Oñati Socio-Legal Series, recuerda que el reglamento interno del SMAPA de 2007 lo obligaba a llevar agua en pipas a quien la necesitara. Sin embargo, el organismo declaró en 2022 que solo tenía una pipa para más de 80 colonias. Las autoras citan que hasta 2016, 58 de las 500 colonias de la capital no tenían red de agua en el domicilio, mientras el INEGI reportó en 2020 que Tuxtla tenía 604 mil 147 habitantes y 86 por ciento de viviendas con agua entubada dentro de la casa.

Los tres asentamientos nacieron en los noventa con invasiones en el límite sur del Parque Nacional Cañón del Sumidero y luego fueron reubicados por el Ayuntamiento. Hoy siguen en regularización, a la espera de que sus terrenos se separen del área protegida, y esa irregularidad es el argumento para negarles la red, junto al costo y la falta de presupuesto. Las investigadoras sostienen que esa negativa choca con la jurisprudencia 1a./J. 78/2023 de la Suprema Corte y la Observación General 15 de la ONU, que obligan a garantizar agua asequible sin excluir por la tenencia de la tierra.

Cuando se publicó el estudio, en 2024, México aún no tenía Ley General de Aguas; la ley se publicó el 11 de diciembre de 2025 y entró en vigor al día siguiente, por lo que el trabajo no alcanza a medir su impacto. Es, además, un análisis cualitativo y jurídico basado en entrevistas estructuradas sin precisar cuántas se hicieron, con cifras de 2016 y del censo 2020, que no mide cuánto paga cada familia por pipa ni analiza el agua en laboratorio.