Los que acogían ahora huyen: violencia vacía la casa migrante de Frontera Comalapa
Los que durante años dieron techo y comida a migrantes en Frontera Comalapa tuvieron que huir a Estados Unidos o a otras partes del país. La violencia del crimen organizado los alcanzó desde 2021, documenta un estudio académico publicado este 2026.
El golpe se ve en la puerta. El dormitorio que sostiene la Pastoral nunca cerró, pero encoge su horario para sobrevivir: abría de 7 a 9 de la noche, luego de 6 a 8 y de 5 a 7. Hoy solo abre de 4 a 6 de la tarde por los toques de queda que impuso el crimen, según documentan los autores.
Lo firman César Barranco Crisantos, Elisa Sarahí Arroyo Relión y Yuridia González Matías, que trabajaron entre 2017 y 2024 en la oficina del Servicio Jesuita a Migrantes en el municipio. Su texto apareció en Incidencias, revista de la Universidad Iberoamericana Puebla. El quiebre llega en julio de 2021, cuando estalla la disputa por el territorio entre dos organizaciones criminales.
De acuerdo con el estudio, hubo bloqueos en los accesos a la cabecera, cortes de luz, amenazas en redes y vigilancia con drones. Para entrar o salir exigían la credencial para votar, a migrantes y a vecinos por igual. Quien no traía identificación no podía irse.
El pueblo se repliega. Comerciantes dejan de trabajar por el cobro de piso, suben los precios de lo básico y familias enteras se refugian en montes y cuevas. El texto recuerda la desaparición de diez personas guatemaltecas en noviembre de 2023, que habían entrado a vender sus productos, y cuenta cómo vecinos abrieron centros de acopio y armaron una caravana con médicos para atender desplazados.
En 2026, con una calma que los autores llaman aparente, llegan muy pocas personas y hay semanas sin nadie. Quedan menos voluntarios porque varios migraron, y el Servicio Jesuita a Refugiados trasladó en 2025 su oficina de Frontera Comalapa a Tuxtla Gutiérrez. El comedor, eso sí, sigue abierto.
Duele porque ahí nació la acogida. Desde 1981, comunidades del municipio recibieron a miles que huían de la guerra en Guatemala y El Salvador, y muchos se quedaron. La Pastoral la sostienen sobre todo mujeres, muchas madres y únicas responsables de su hogar, movidas por esa memoria y porque buena parte de los vecinos también migró alguna vez.
El municipio fronterizo tenía 80,897 habitantes en el Censo 2020, con 77.6 % en pobreza y más de la mitad sin acceso a salud, según cifras citadas en el trabajo. El estudio no idealiza: registra que parte de la población culpa a los migrantes de la delincuencia y que a algunos se les niega salud, renta o empleo. Su conclusión es clara: la acogida no puede quedar solo en manos de los vecinos, el Estado debe garantizar derechos a migrantes y a quienes los reciben.
Con información de medios locales.
